Es
el producto de un proceso de consulta plural con representantes de los
distintos sectores –públicos, privados y comunitarios– de la vida
nacional; seleccionados tomando en cuenta las áreas prioritarias:
educación, salud, seguridad, producción y empleo, entre otras.
Reconoce la comunicación como un derecho humano, al igual que la
participación para el desarrollo.

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